ENTRE RIOS

 

Entre Ríos promovió dos juicios contra el Estado Nacional que acumulan casi 1.000 millones de dólares

El Gobierno de Entre Ríos, a través de instrucciones del gobernador Rogelio Frigerio a la Fiscalía de Estado, promovió dos demandas contra la Nación, por casi 1.000 millones de dólares, una suma que no registra precedentes en la historia entrerriana y probablemente convierte a Entre Ríos en la jurisdicción que reclama la suma más importante al Estado Nacional.

Ambos juicios se tramitan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se tratan de la demanda contra Anses y el reclamo histórico por los incumplimientos a las obligaciones asumidas por al Estado Nacional a raíz de la Construcción de la Represa de Salto Grande. Esta semana, la Fiscalía de Estado amplió la demanda y precisó que la suma retroactiva reclamada asciende a 724 millones de dólares.

Juicio con Anses

El primer juicio contra Anses es por la falta de cumplimiento de los Pactos Fiscales de 2017.

El objeto de la demanda es que se condene a la demandada al pago de las sumas de dinero resultantes de las diferencias adeudadas derivadas de la obligación de asistencia financiera nacional a los regímenes previsionales no transferidos a la Nación, los cuales están regidos en el Consenso Fiscal de 2017, y aprobado por ley nacional y provincial.

La deuda, que ascendía estimativamente a la suma total de más de 154 mil millones de pesos ($154.606.298.614,49), al momento de interponer la demanda ya supera los 200 mil millones de pesos, si se la actualiza conforme criterios jurisprudenciales.

Las diferencias reclamadas derivan de los siguientes conceptos: 
1) Desde 2017 a la fecha: diferencias resultantes de la revisión de la tasa de contribución patronal utilizada para la determinación del déficit anual (en Entre Ríos es ponderada con un valor del 16%, en lugar de la tasa reducida que rige para dicho concepto para las cajas transferidas), con más intereses. 
2) Desde 2020 a la fecha: 
a) diferencias entre lo devengado y lo efectivamente transferido a la Caja Provincial por la obligación de asistencia financiera referida, resultantes de la actualización de la base de cálculo para el pago de anticipos provisorios posteriores (determinación del déficit definitivo del año inmediato anterior), 
b) actualización de dichos importes en virtud del índice de movilidad del SIPA, 
c) pago tempestivo de dichas erogaciones, sin atrasos y sin dilaciones administrativas arbitrarias, 
d) todo ello con más intereses.